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La investigación judicial por los hechos ocurridos en la Unidad de Detención N°1 de Río Grande derivó en el pase a disponibilidad de siete agentes penitenciarios, quienes fueron notificados de derechos y garantías en el marco de una causa que investiga presuntos vejámenes y una posible asociación ilícita vinculada a agresiones sufridas por internos dentro del establecimiento.
La medida fue adoptada por el Servicio Penitenciario Provincial, que además resolvió apartar preventivamente de sus funciones al entonces director del penal, Raúl Ciares, mientras se define la situación procesal de los involucrados.
En paralelo, se dispuso un recambio en la conducción del sistema penitenciario. Como nuevo Director de Seguridad Zona Norte fue designado Walter Oscar Silva, mientras que Jhonatan Almazán asumirá como nuevo Director de la Unidad de Detención.
La causa continúa avanzando con una serie de medidas probatorias ordenadas por la Justicia. Entre ellas se encuentra el análisis pericial de los teléfonos celulares secuestrados a los agentes penitenciarios, así como de los dispositivos hallados dentro del pabellón donde ocurrieron los hechos investigados.
El objetivo de estas diligencias es determinar si existió algún tipo de connivencia entre personal penitenciario e internos, tal como fue planteado por el Ministerio Público Fiscal. Además, se solicitó el levantamiento del secreto bancario de los funcionarios involucrados para verificar posibles movimientos económicos vinculados a la causa.
La investigación se centra, entre otros aspectos, en la presunta inacción del personal durante aproximadamente dos horas y media en las que se habría producido una violenta agresión contra tres internos, además de otros hechos relacionados con la presencia de teléfonos celulares y denuncias sobre consumo de sustancias dentro del establecimiento.
En el marco de la causa, la jueza Cecilia Cataldo mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, y el secretario de Relaciones con las Fuerzas de Seguridad, Gonzalo Valenzuela, a quienes informó sobre las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas.
Asimismo, se recordó la vigencia de las restricciones de acercamiento respecto de los agentes penitenciarios e internos investigados.
Según trascendió, los funcionarios provinciales también tomaron conocimiento de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del pabellón donde ocurrieron los hechos investigados el pasado 9 de mayo, material que forma parte de la evidencia incorporada a la causa.
