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La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una intensa jornada legislativa con el tratamiento de dos iniciativas clave impulsadas por el Poder Ejecutivo: la ley de lobby y el denominado “Súper RIGI”, en el marco de plenarios de comisiones.
El primer debate se dará a las 14 horas, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General analicen el proyecto que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.
La iniciativa busca establecer un marco normativo para regular las gestiones que realizan empresas, intermediarios y organizaciones ante funcionarios y legisladores, con el objetivo de influir en la toma de decisiones públicas.
El proyecto prevé la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse los denominados lobistas, junto con la obligación de presentar declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes y beneficiarios.
Asimismo, los registros deberán detallar fecha, hora, modalidad del contacto, dependencia interviniente y síntesis de los temas tratados, garantizando mayor trazabilidad de las reuniones.
En caso de incumplimientos, el texto contempla sanciones económicas que van desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva, además de penas de prisión de seis meses a tres años por representación clandestina de intereses extranjeros.
La iniciativa también impone nuevas obligaciones a los funcionarios públicos, quienes deberán transparentar las audiencias mantenidas con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.
En paralelo, el oficialismo busca avanzar sin mayores obstáculos en su tratamiento, dado que existen coincidencias con sectores de la oposición dialoguista respecto a la necesidad de mayor transparencia institucional.
Más tarde, a las 15 horas, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para analizar el proyecto del denominado “Súper RIGI”.
El esquema apunta a atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos, ampliando el régimen original hacia áreas vinculadas a minerales críticos, energías renovables, tecnología y producción industrial avanzada.
Entre los sectores incluidos figuran litio, uranio, baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial, entre otros desarrollos de frontera tecnológica.
Para acceder a los beneficios, las empresas deberán realizar inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, bajo un régimen de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años.
El proyecto prevé una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, créditos fiscales para IVA y una alícuota del 10% en contribuciones patronales.
Además, contempla la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, reducción progresiva de la carga sobre dividendos y la eliminación de derechos de exportación e importación para proyectos alcanzados por el régimen.
También se establece la libre disponibilidad de divisas de exportación de forma progresiva, alcanzando el 100% a los tres años de operación.
Con este paquete legislativo, el Gobierno busca avanzar en un esquema de mayor apertura a inversiones y regulación de la influencia de intereses en la toma de decisiones públicas.
