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La legisladora provincial por FORJA, Myriam Martínez, se refirió al conflicto político y judicial generado en torno a la reforma constitucional de Tierra del Fuego y aseguró que la discusión “se va a judicializar”.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en FM Origen, luego de conocerse la decisión de la jueza electoral Mariel Zanini de declarar la nulidad del decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes firmado por el gobernador Gustavo Melella.
“No, supuestamente al 9 de agosto yo creo que no vamos a llegar. Nosotros entendemos que el proceso está vigente”, sostuvo Martínez al ser consultada sobre la posibilidad de realizar los comicios en la fecha prevista originalmente.
En ese sentido, remarcó que el escenario continuará en el ámbito judicial. “Esto se va a judicializar. Esta es la realidad”, afirmó.
La legisladora cuestionó además los fundamentos del fallo judicial y sostuvo que el eje de la discusión está centrado en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Ella dice que no está resuelto, pero la verdad es que sabe perfectamente que ese recurso de queja no tiene efecto suspensivo”, expresó.
Asimismo, recordó que el fiscal mayor ya había emitido opinión sobre el tema y consideró que el cronograma electoral debía continuar su curso.
“Claramente el fiscal le dijo que avance con el cronograma electoral”, señaló.
Durante la entrevista, Martínez también defendió la necesidad de avanzar con la reforma constitucional y planteó que la actual Constitución provincial necesita una actualización luego de más de 30 años de vigencia.
“Es fundamental tener la posibilidad de reformar la Constitución”, afirmó.
Según indicó, la reforma permitiría resolver conflictos vinculados a la superposición de funciones entre Provincia y municipios, además de discusiones relacionadas con la distribución de recursos y el funcionamiento institucional.
“Estos conflictos de poderes dejarían de existir”, sostuvo.
Por otra parte, apuntó contra sectores políticos que, según dijo, modificaron su postura respecto a la reforma constitucional en los últimos meses.
“Los consensos se construyen, pero los acuerdos se respetan”, manifestó.
Martínez también aseguró que existen intereses detrás de la resistencia a la reforma y vinculó esas posiciones con discusiones de poder y recursos dentro del Estado provincial.
