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La presentación había sido realizada por la Casa Militar, que sostenía que los periodistas habrían puesto en riesgo la seguridad nacional al registrar el interior de la sede de Gobierno de manera encubierta.
Sin embargo, tras analizar el caso, el fiscal concluyó que no existió delito y solicitó al juez federal Ariel Lijo el archivo de la causa. En su dictamen, Pollicita sostuvo: “Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”.
En la misma línea, el fiscal agregó: “Todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”, descartando la existencia de espionaje o afectación a la seguridad nacional.
Pollicita también remarcó que el material registrado no presentaba elementos sensibles y señaló: “Existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes parecidas a las obtenidas”.
Además, indicó: “La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos”.
Tras conocerse el episodio, el Gobierno había dispuesto restricciones temporales al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, medida que generó críticas de entidades periodísticas y sectores opositores. Luego, la decisión fue revertida con la reapertura de la sala de prensa.
Ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deberá definir si hace lugar al pedido del fiscal y archiva definitivamente la causa.
