19640 Noticias
La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a encender las alarmas al advertir que los hospitales universitarios podrían dejar de funcionar debido a la falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional, en el marco del reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de la casa de estudios señalaron que en lo que va del año no se han transferido fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales universitarios, lo que compromete seriamente la continuidad de los servicios de salud.
Entre las instituciones afectadas se encuentran el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
La UBA advirtió que la situación es crítica, ya que en sus hospitales se atienden más de 700 mil personas por año, lo que refleja la magnitud del impacto que tendría una interrupción de los servicios.
Según detallaron desde la institución, el Presupuesto 2026 contempla una partida destinada a hospitales universitarios, pero no se habrían realizado las transferencias correspondientes a los primeros meses del año, generando una deuda acumulada que afecta insumos, mantenimiento y servicios esenciales.
En este contexto, los directores de la red de hospitales universitarios brindarán este martes una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas, donde profundizarán el reclamo y el estado de situación.
La tensión se enmarca además en un escenario de conflicto más amplio en el sistema universitario, tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y los reclamos por recomposición presupuestaria y salarial. Desde sectores gremiales y académicos advierten que el incumplimiento de la normativa vigente agrava la crisis del sistema público.
El reclamo de la UBA se suma a la convocatoria de una nueva marcha federal universitaria prevista para el 12 de mayo, impulsada por organizaciones estudiantiles, gremiales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en defensa del financiamiento de las universidades públicas.
Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene su postura de revisión del gasto público y ha solicitado a las autoridades universitarias informes sobre el funcionamiento institucional y la continuidad de las actividades académicas.
