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En diálogo con Aire Libre FM, la presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) señaló que la ley vigente desde 1992 quedó desactualizada y remarcó la necesidad de “adaptar el sistema habitacional a la realidad económica y social actual”, incorporando nuevas modalidades de gestión.
En ese marco, detalló que el organismo “ya está implementando el alquiler social a través de comodatos de uso”, destinados a personas en situación de vulnerabilidad extrema, como adultos mayores o personas con discapacidad, que no pueden afrontar el pago de una cuota o un alquiler tradicional.
Montes explicó que el sistema vigente funciona mediante un esquema en el que “la vivienda sigue siendo propiedad del Estado, pero es cedida en uso con un monto vinculado a los ingresos del grupo familiar”, lo que permite garantizar una solución habitacional sin riesgo de desalojo.
“Se trata de un comodato de uso con un monto en relación a los ingresos, donde la vivienda sigue siendo del Estado, pero puede ser habitada por personas vulnerables”, señaló, al remarcar que este sistema busca “evitar desalojos y sostener la contención habitacional”.
Según precisó, el esquema prevé que un porcentaje de las viviendas disponibles se destine a este tipo de operatorias sociales, mientras que el resto se asigna a demanda general y otros programas, como los destinados a jóvenes o sectores medios.
En ese sentido, indicó que la segmentación de la demanda permitirá “ampliar el acceso a la vivienda y diversificar las políticas habitacionales”, atendiendo distintas realidades sociales.
Por otro lado, la funcionaria reconoció que existen procesos de regularización de tierras y escrituras en distintos barrios, como el “15 de Octubre”, donde se avanzan trámites administrativos para normalizar la situación dominial.
