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El abogado fueguino Raúl Paderne analizó el debate abierto en Tierra del Fuego sobre la posible adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que este esquema no es comparable con la Ley 19.640, que rige el régimen de promoción económica en la provincia.
En diálogo con FM La Isla, Paderne explicó que ambos instrumentos tienen objetivos y características diferentes. “Son dos instituciones absolutamente distintas. La Ley 19.640 es un régimen general de promoción económica con un subrégimen industrial, mientras que el RIGI es un sistema pensado específicamente para facilitar inversiones de gran magnitud”, señaló.
El abogado coincidió además con la interpretación de que el interés reciente por el RIGI está vinculado a modificaciones en la normativa nacional que amplían el alcance del régimen para proyectos energéticos, incluyendo exploración y producción tanto en tierra como offshore.
Según explicó, el esquema contempla umbrales de inversión muy elevados, que rondan los 600 millones de dólares para nuevos desarrollos y 200 millones para proyectos offshore, lo que lo vuelve más específico para grandes inversiones vinculadas a hidrocarburos e infraestructura.
Diferencias con la Ley 19.640
Paderne remarcó que la Ley 19.640 no establece montos mínimos de inversión ni está diseñada específicamente para proyectos de gran escala en el sector energético.
“La 19.640 es una ley de promoción general. En cambio, el RIGI está orientado directamente a inversiones de gran magnitud. Quien invierte esos montos necesita un marco normativo específico que le otorgue ciertas garantías”, explicó.
Derechos adquiridos y cambios por decreto
Durante la entrevista, el abogado también cuestionó las modificaciones al régimen industrial realizadas en los últimos años a través de decretos y sostuvo que se trata de decisiones que vulneran derechos adquiridos.
“Aquí el problema es el no respeto a la ley. Derechos que fueron otorgados por ley no pueden ser modificados por decreto”, afirmó.
En ese sentido, señaló que tanto el gobierno actual como la administración anterior aplicaron decretos que afectan el régimen industrial fueguino, lo que derivó en numerosos litigios judiciales.
Crisis en el subrégimen industrial
Paderne advirtió además que el régimen atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia y que el impacto ya se percibe en el empleo.
“Hoy es un hecho que estamos ante una crisis laboral vinculada al subrégimen industrial”, sostuvo.
Según explicó, la caída del consumo interno y la incertidumbre jurídica generan un escenario complejo para las empresas radicadas en la provincia.
Incluso alertó que los procesos judiciales para defender el régimen pueden terminar llegando tarde. “Podemos ganar los juicios, pero vamos a terminar ganando con empresas que ya no van a existir”, advirtió.
La necesidad de actualizar el régimen
Pese a las críticas, Paderne sostuvo que la Ley 19.640 necesita una actualización acorde al contexto actual, aunque remarcó que cualquier modificación debe hacerse por vía legislativa.
“No tengo dudas de que la norma necesita adecuaciones. Pero esas modificaciones tienen que hacerse por ley, no por decreto”, afirmó.
Finalmente, el abogado expresó que, pese a las dificultades, mantiene confianza en el rol de la Justicia como ámbito para la defensa de los derechos.
“Los tribunales siguen siendo el lugar donde los ciudadanos pueden recurrir para defender sus derechos, aunque muchas veces tengamos que tener más razón que el propio Estado para poder ganar”, concluyó.
