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La reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional introdujo cambios que impactan directamente en el funcionamiento de las estaciones de servicio y en toda la cadena vinculada al petróleo y el gas. Con la promulgación de la Ley 27.802, la comercialización de combustibles fue incorporada dentro del grupo de “servicios esenciales”, lo que implica nuevas obligaciones ante eventuales conflictos gremiales.
Esta clasificación establece que, frente a paros o medidas de fuerza, las estaciones de servicio deberán mantener en funcionamiento al menos el 75% de la prestación habitual. Se trata de un porcentaje mayor al exigido para otras actividades consideradas de “importancia trascendental”, donde el piso mínimo de actividad es del 50%.
La decisión responde al carácter estratégico del abastecimiento de combustibles para la economía. El suministro energético resulta clave para el transporte, la producción agropecuaria, la industria y otras actividades productivas que dependen del funcionamiento continuo del sistema.
La reforma también introduce modificaciones en la dinámica sindical dentro del sector. El nuevo artículo 24 de la Ley 25.877, actualizado por la normativa reciente, fija límites para las medidas de fuerza en actividades consideradas esenciales.
Entre los puntos principales se establece la obligación de coordinar esquemas de trabajo que permitan sostener el 75% de la actividad normal durante un paro. Además, las asambleas sindicales no podrán interrumpir el funcionamiento del servicio y deberán contar con autorización previa del empleador respecto del horario y la duración.
La normativa también endurece las sanciones ante determinadas acciones gremiales. En ese sentido, se consideran infracciones “muy graves” las tomas de establecimientos o los bloqueos que impidan el normal desarrollo de la actividad.
La reforma laboral incorpora además otras herramientas que podrían impactar en la organización del trabajo dentro de las estaciones de servicio. Entre ellas se encuentran los bancos de horas, que permiten compensar horas extras con períodos de descanso, y la posibilidad de crear un fondo de cese laboral para afrontar desvinculaciones.
De esta manera, el nuevo marco legal redefine las condiciones laborales en el sector energético y busca asegurar la continuidad del abastecimiento de combustibles incluso en contextos de conflicto gremial.
