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Durante su discurso ante la Legislatura, en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias, el mandatario sostuvo que la medida fue ejecutada por un funcionario “de cuarta línea” sin competencia para avanzar sobre la administración portuaria. “Es una intervención federal ilegal e ilegítima”, afirmó.
Melella rechazó los argumentos utilizados para justificar la decisión y aseguró que el puerto funcionaba “administrativa y operativamente con total normalidad y orden”. En esa línea, remarcó que las principales inversiones fueron realizadas por la Provincia, la actual gestión y el sector privado, además de acuerdos alcanzados con el gobierno nacional anterior.
El gobernador negó que el conflicto responda a una disputa ideológica con el presidente Javier Milei y sostuvo que el eje de la discusión es institucional. “Esto no es un problema político, es un avasallamiento al federalismo”, enfatizó.
También desestimó las versiones sobre presuntas irregularidades o utilización de fondos vinculados a OSEF y afirmó que “nunca se tocó un solo peso del puerto que no fuera para el mismo puerto”.
Al referirse a la operatoria y seguridad, planteó que si existieran irregularidades, las grandes compañías de cruceros no amarrarían en Ushuaia. “Es una burla”, expresó, al rechazar esas acusaciones.
En uno de los tramos más firmes de su mensaje, Melella advirtió que detrás de la intervención podría haber intereses económicos vinculados a la administración portuaria. “El puerto es de los fueguinos y volverá a ser de Tierra del Fuego”, afirmó, marcando una postura clara frente a la medida adoptada desde Nación.
Finalmente, confirmó que el Gobierno provincial inició y continuará con las acciones legales correspondientes, al tiempo que mantendrá canales de diálogo con funcionarios nacionales. “Hoy se trata de defender a la provincia, a sus recursos y a su pueblo”, concluyó.
