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La posible modificación de la Ley de Glaciares volvió a instalar un fuerte debate a nivel nacional. La iniciativa que impulsa el Gobierno y que actualmente se analiza en el Senado apunta a introducir cambios en la normativa vigente (Ley 26.639), con el objetivo de flexibilizar las restricciones sobre actividades productivas en áreas protegidas.
En concreto, la propuesta busca reemplazar la prohibición automática de emprendimientos extractivos en zonas periglaciales por un sistema de evaluaciones “caso por caso”, que permitiría habilitar proyectos vinculados a la megaminería y a la explotación de hidrocarburos bajo determinados criterios técnicos.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la modificación del alcance del Inventario Nacional de Glaciares, que se limitaría únicamente a sectores considerados estratégicos como reserva de agua. De esta manera, diversas áreas actualmente protegidas podrían quedar fuera de la cobertura legal.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la reforma abriría la puerta a un mayor desarrollo minero en regiones donde hoy la actividad está restringida por la normativa vigente.
En contraposición, organizaciones ambientalistas como Greenpeace expresaron su preocupación por los posibles efectos de la medida. Advierten que permitir actividades extractivas en estas zonas podría implicar el uso de sustancias químicas y generar riesgos de contaminación del agua potable.
Además, señalan que una flexibilización de la ley podría derivar en una afectación irreversible de glaciares y ambientes periglaciales, comprometiendo la principal fuente de agua dulce y alterando la regulación natural de cuencas y el equilibrio del ciclo hídrico.
El debate continúa abierto en el ámbito legislativo, con posiciones encontradas entre quienes priorizan el impulso a la actividad económica y quienes ponen el foco en la preservación de los recursos estratégicos.
