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En diálogo con FM La Isla, el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Renán Uribe, expresó su firme rechazo a la incorporación del artículo 277 en la Ley de Contrato de Trabajo. El dirigente sostuvo que la modificación habilita el pago en hasta 12 cuotas de los montos fijados en sentencia judicial, incluyendo los honorarios profesionales, lo que —según afirmó— altera el equilibrio del sistema laboral.
Uribe explicó que cuando un juez dicta sentencia en materia laboral no solo reconoce derechos al trabajador, sino que también fija honorarios profesionales. Con la nueva redacción, esos montos podrían abonarse en cuotas, previa autorización judicial, con una tasa del 3% anual ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Desde su perspectiva, la medida afecta el ejercicio digno de la abogacía y desnaturaliza el espíritu protector del derecho laboral argentino, históricamente orientado a resguardar a la parte más débil de la relación laboral. “Es un disparate”, sostuvo al referirse al alcance de la reforma.
Durante la entrevista también manifestó preocupación por el Fondo de Asistencia Laboral contemplado en el proyecto, que sería administrado por el Ministerio de Economía. Señaló que existen dudas sobre su implementación, el volumen de recursos que podría manejar y el impacto real en el sistema.
Otro punto cuestionado fue la posibilidad de que el trabajador deba realizar aportes vinculados a eventuales indemnizaciones futuras, un aspecto que Uribe consideró “descabellado” por trasladar al empleado una carga que históricamente recaía sobre el empleador.
El titular del Colegio de Abogados indicó que el Consejo Directivo emitió un comunicado institucional antes de la votación del proyecto y adelantó que seguirán atentos al tratamiento en el Senado, donde podrían introducirse modificaciones.
Finalmente, enmarcó la discusión dentro de un contexto económico complejo en Tierra del Fuego, con pérdida de puestos de trabajo y dificultades en distintos sectores, señalando que la reforma no solo impacta en los profesionales del derecho, sino también en la protección efectiva de los trabajadores.
