
Una fundación reclamará que la mujer argentina presa en Brasil por racismo sea liberada
Presentaron un escrito en Cancillería, pero la fiscalía brasileña solicitó que permanezca encarcelada por “injuria racial”.
Uniformado y armado, el agente expuso un reclamo salarial y acusaciones de corrupción, lo que motivó un operativo de seguridad y su posterior traslado.
NACIONAL04/02/2026
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Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) se esposó a la reja de la Casa Rosada por un reclamo salarial, según se pudo constatar.
Se trata del cabo Miguel Montiel, quien se encontraba uniformado y portaba el arma de servicio. Además, llevaba una pancarta con la que denunciaba corrupción en la Superintendencia de Transporte. Tras la acción, efectivos de seguridad conformaron un cordón policial.
Fue trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos, según indicaron fuentes oficiales.
Hasta el momento, Montiel presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, hecho que derivó en esta denuncia de bajos salarios y presuntos hechos que involucraban sobornos en la Superintendencia, además del "robo de los adicionales" y la existencia de una supuesta "caja negra" en su división.
Tras el inicio de la medida de fuerza, que sucedió en Blacerca 50 alrededor de las 10:40hs., las autoridades iniciaron protocolos de contención para resolver la situación.

Presentaron un escrito en Cancillería, pero la fiscalía brasileña solicitó que permanezca encarcelada por “injuria racial”.

Reunidos en la sede de SMATA, más de 35 gremios alertaron que la reforma laboral “facilita los despidos, no crea empleo” y busca debilitar el poder sindical.

A pesar de las duras críticas que recibió respecto a su accionar en los incendios de la Patagonia, mantiene una buena aceptación en redes sociales.

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La medida rige desde enero de 2026 e incluye al personal policial, personal civil de la Policía y al Servicio Penitenciario, en el marco del Programa de Acompañamiento Salarial impulsado por el Ejecutivo fueguino.

La Unidad Fiscal Ushuaia dictaminó que el Juzgado Federal local no es competente para analizar la legalidad de la intervención y rechazó la cautelar solicitada por la Provincia.