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En diálogo con Radio Provincia, el legislador Federico Greve se refirió a la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y confirmó que el Gobierno de Tierra del Fuego presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal.
Según explicó, la medida “no tiene ningún asidero jurídico”, ya que los fundamentos invocados por Nación “no tienen sustento fáctico ni legal”. En ese sentido, sostuvo: “Entendemos que esta resolución vulnera el sistema republicano y federal de gobierno y constituye una intervención encubierta del Gobierno nacional sobre una función que es provincial desde 1992”.
Greve rechazó los tres argumentos utilizados para justificar la intervención —desvío de fondos, malversación y falta de seguridad— y fue categórico al respecto: “No hubo desvío de fondos porque el puerto nunca giró un peso a OSEF, no existe ninguna denuncia penal por malversación y el argumento de la seguridad es el más débil de todos”.
En ese marco, cuestionó que el puerto continúe operando con normalidad: “Si el puerto era tan inseguro, ¿por qué sigue funcionando hoy?”, y remarcó que una de las primeras decisiones del interventor fue redireccionar los pagos hacia Nación. “Para ser del todo sincero, lo único que vinieron a buscar acá es la caja del puerto, una caja que además es en dólares”, afirmó.
El legislador también expresó preocupación por el destino de los fondos que actualmente recauda el puerto: “Antes sabíamos que la plata iba a la Dirección Provincial de Puertos. Hoy no sabemos a qué cuenta va ni quién la maneja. Esa plata es de los fueguinos, no es de la Nación”, subrayó.
Greve adelantó que, además de la acción judicial del Ejecutivo, la Legislatura provincial impulsará un rechazo formal a la intervención y pedidos de informes para conocer el manejo de los recursos. Asimismo, confirmó que se solicitó una medida cautelar para retrotraer la situación al momento previo a la intervención: “Pedimos volver al estado anterior porque no existe malversación, no existe desvío de fondos ni un problema real de seguridad”.
Finalmente, advirtió sobre el impacto institucional del caso: “Esto no es contra un gobierno, es contra la provincia y contra todos los fueguinos. Si se permite este antecedente, mañana pueden intervenir cualquier puerto provincial del país”, concluyó.
