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En Argentina la eutanasia activa continúa prohibida, pero existe un marco legal que reconoce el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida en determinadas circunstancias. Se trata de la Ley de Muerte Digna (26.742), que autoriza a pacientes con enfermedades terminales, irreversibles o incurables a rechazar tratamientos médicos, soporte vital, hidratación o nutrición artificial cuando solo prolongan el sufrimiento.
El debate volvió a cobrar fuerza a partir de situaciones como la de Sixto Coronel, diagnosticado con ELA, quien solicitó ayuda para viajar a Uruguay —donde la eutanasia está regulada— ante la falta de respuestas del sistema de salud. Estos casos suelen surgir, además, en contextos de crisis económica y de dificultades para acceder a cuidados paliativos adecuados.
Desde el punto de vista legal, especialistas aclaran que la normativa argentina no contempla la eutanasia. “La condición determinante para que una persona pueda solicitar ayuda para morir o que se le provoque directamente la muerte es una enfermedad terminal, es decir, una enfermedad en la que hay un pronóstico de vida que no exceda de los seis meses y haya un sufrimiento desmesurado”, explicaron. En ese sentido, remarcan que cuadros como discapacidades severas o enfermedades crónicas sin pronóstico inmediato de muerte no encuadran en esa figura.
La Ley de Muerte Digna se apoya en el derecho del paciente a decidir y en la abstención terapéutica, una práctica que genera debates éticos y religiosos. Mientras tanto, proyectos para legalizar la eutanasia fueron presentados en el Congreso en distintas oportunidades, aunque ninguno logró avanzar. En contraste, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar la muerte asistida, profundizando una discusión que en Argentina sigue abierta y sin consensos.
