Nancy Fernández, referente de la organización ambiental Mane’kenk, analizó el reciente dictamen del Consejo Provincial de Medio Ambiente y su posible impacto en el tratamiento legislativo del proyecto que busca modificar la ley que regula la salmonicultura en Tierra del Fuego.
USHUAIA09/12/2025
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Fernández recordó que el Consejo es “un organismo asesor del Poder Ejecutivo, creado por la ley 55” y que históricamente “los distintos poderes ejecutivos han consultado cuando han tenido que tomar decisiones trascendentes, conflictivas”. Explicó que ese espacio ha servido de respaldo técnico para políticas ambientales relevantes, como el control del perro asilvestrado.
Sin embargo, señaló que en esta oportunidad “la opinión de este Consejo no es del agrado del Ejecutivo”, ya que contradice la postura oficial. Afirmó que esto derivó incluso en la renuncia de la Secretaría de Ambiente y que “todas las áreas ambientales de la provincia le están diciendo al Gobierno de la provincia ‘no está bien esto que están queriendo hacer’”.
En ese marco, cuestionó los fundamentos presentados por el Ejecutivo al sostener que “es pura bla bla, pura zaraza” hablar de resguardo ambiental si no se escucha a los equipos técnicos. Fernández planteó además que “la ley ni siquiera se reglamentó” y que por eso no puede argumentarse que no cumplió sus funciones.
Respecto a los legisladores, aseguró que conversaron con la mayoría y que la definición está pareja. Indicó que “el legislador Sciurano y la legisladora Vuoto” son los únicos con quienes aún no pudieron reunirse, aunque destacó que Sciurano históricamente ha mostrado compromiso con políticas de protección ambiental.
Fernández también detalló las actividades previstas para los próximos días, entre ellas una proyección sobre el impacto de la salmonicultura en Chile y una convocatoria a la Legislatura en ambas ciudades para expresar el rechazo al proyecto. Señaló que la comunidad “no se deja engañar” y que reclama información transparente sobre empleos y posibles impactos.
Finalmente, pidió que el proyecto “se mande a archivo o a comisión” y cuestionó la forma en que se firmó el despacho anterior, calificándolo como “poco democrático, poco transparente y de espaldas a la comunidad”. Aseguró que el tema “está dejando muchos heridos” y que decisiones así pueden tener un costo político.
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