
El fallo fue dictado en Río Gallegos tras un proceso que se extendió más de una década desde la denuncia inicial.
Exigen que se apliquen de manera inmediata las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.
PAÍS15/10/2025
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La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan anunció este miércoles una caravana el sábado próximo hacia la Quinta de Olivos para exigir que se aplique “de manera inmediata” las leyes de Emergencia Pediátrica y Discapacidad.
La movilización, convocada junto a familiares de pacientes y organizaciones de la salud, partirá el sábado desde el Congreso y se llevará a cabo ese día para “facilitar la participación de familiares, amigos, colectivos sociales y personas que de corazón acompañan nuestra causa”, explicaron los organizadores.
La secretaria general de APyT, Norma Lezana, advirtió que la gestión del presidente Javier Milei “no escucha” no sólo el mandato popula, sino tampoco el electoral, y sostuvo además que “parece no estar dispuesto a cumplir” con las leyes que se vota en el Congreso.
“Este es un Gobierno cruel y en esta movilización no vamos a estar solos porque nos vienen acompañando en esta lucha la comunidad universitaria y el colectivo de discapacidad, entre otros, que tienen un tremendo apoyo social. Estamos convocando a todas y a todos”, expresó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
Por otra parte, manifestó que el sector está “muy preocupado” porque las autoridades del Hospital Garrahan “continúan haciendo daño” debido a que, entre los recortes y la falta de personal, provocan un exceso de trabajo en cada profesional, situación que derivó en la renuncia de 50 personas más en los últimos dos meses.
Paralelamente, informó que desde APyT presentaron un amparo para denunciar “el empobrecimiento generalizado” del personal y la reducción del jardín maternal, donde expulsan a niños que pertenecen a la sala de 2 años y dejan sin vacantes a los bebés lactantes, mientras que “someten” a las maestras a un régimen “insostenible” con “salarios de hambre, jornadas excesivas y con mucha sobre carga laboral”.
Para finalizar, Lezana señaló que las autoridades hacen “un uso abusivo y cruel” debido a que a las personas que se enferman las obligan a presentarse en la Dirección de Salud Laboral del Ministerio para que se realicen “cientos exámenes médicos complementarios”, sin respetar la orden que le da su propio médico o psiquiatra, además de que, con esas actitudes, ayudan a incrementar “el vaciamiento activo” del Garrahan por falta de reemplazo del personal y la ausencia de cargos por concursos.

El fallo fue dictado en Río Gallegos tras un proceso que se extendió más de una década desde la denuncia inicial.

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