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Aunque las tareas ejecutadas por Vialidad Provincial en la Ruta 7 ya fueron finalizadas, el tramo que conecta la Margen Sur de Río Grande con la Ruta Nacional N°3 aún no puede ser habilitado. El motivo: nuevas exigencias planteadas por el dueño de la estancia Cabo Peña, Martín Paz Menéndez.
La obra vial, que se encuentra técnicamente concluida, forma parte de un proyecto que data de 2017, cuando bajo la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone se impulsó una expropiación de 26 hectáreas con el fin de habilitar un trazado alternativo para los vecinos de la Margen Sur. El proyecto obtuvo el respaldo legislativo un año después, pero derivó en una prolongada disputa judicial iniciada por el propietario del campo.
En el marco de un acuerdo alcanzado con el Gobierno provincial, se avanzó en la colocación de un nuevo alambrado de 10,5 kilómetros de longitud y se retiró el cercado anterior, cuya permanencia había generado una controversia judicial. También se llevaron a cabo tareas de movimiento de suelo, según lo estipulado.
Uno de los puntos más particulares del acuerdo fue el compromiso del Ejecutivo de cumplir con la solicitud del estanciero en relación con el tipo de material para el cerco. En ese sentido, el Gobierno accedió a utilizar postes de quebracho, los cuales fueron adquiridos y transportados desde la provincia de Misiones.
A pesar de que se cumplió con lo convenido, fuentes oficiales confirmaron que Paz Menéndez presentó nuevas demandas que impiden, por el momento, la habilitación de la traza. Entre ellas, se encuentra el pedido de un pago por el uso del suelo que ocupa el camino: “una de los nuevas demandas de Paz Menéndez es que la Provincia le pague un canon por el uso de la tierra por la que atraviesa la Ruta 7”, indicaron.
Desde el Gobierno provincial se analiza cómo resolver esta situación, aunque se anticipa que descartan acceder a este último reclamo económico.
