
El fallo fue dictado en Río Gallegos tras un proceso que se extendió más de una década desde la denuncia inicial.
También se ordenó el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los empresarios vinculados con el controvertida criptomoneda.
PAÍS16/05/2025
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Un mes después del pedido del fiscal federal Eduardo Taiano a la jueza María Servini para que ordene el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Karina y Javier Milei, de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y del ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, todos bajo investigación en la causa por la criptomoneda $LIBRA, se requirió desde el juzgado información bancaria del presidente de la Nación y de su hermana, al igual que de los demás imputados. Además, se ordenó el levantamiento bancario y bursátil, pero esta medida involucra sólo a los empresarios.
Hace poco mas de un mes se abrió un legajo patrimonial de carácter reservado, que tramita aparte de la causa central donde se investiga una presunta estafa alrededor de la criptomoneda $LIBRA. En el marco de esa pesquisa, Taiano solicitó a comienzos de abril el levantamiento fiscal y bancario del presidente de la Nación, de su hermana y de otro grupo de personas bajo investigación.
El fiscal también había requerido al área especializada en investigación patrimonial "asistencia para elaborar una propuesta de medidas, a efectos de reunir la información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, desde el año 2023 hasta el presente".
Avalando lo solicitado por el fiscal, la jueza Servini firmó una resolución a través de la cual se pidió al Jefe del Departamento de Legales del Banco Central que “remita la información contenida en su Base de Datos Padrón del "Régimen Informativo Contable Mensual"-, con el objeto de conocer las entidades financieras con las que Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales operaron desde el año 2023 hasta el presente”.
Es decir: un detalle de todo los movimientos bancarios, financieros del Jefe de Estado al igual que el de su hermana y funcionaria del Gobierno nacional. La medida involucra a los demás acusados en este expediente por presunta defraudación.
La jueza avaló el pedido de Taiano y levantó el secreto bursátil, requiriendo un informe de cuentas comitentes vinculadas a Novelli, Terrones Godoy y Morales, "y si han sido tenedores de acciones, bonos o algún tipo de valor o título negociable que cotice o haya cotizado en bolsa desde el año 2023 hasta el presente”.
Se pidió que se remita toda la información correspondiente a esos valores y a sus operaciones, al juzgado federal. Asimismo, dijo la magistrada, “deberá indicar el saldo de acciones, bonos o cualquier otro tipo de valor o título negociable al 31 de diciembre de 2022”.
Según explicaron fuentes judiciales, se trata de un "legajo aparte" que está vinculado a la investigación central por la presunta estafa alrededor de la criptomoneda $LIBRA y donde el foco se está colocando en el análisis patrimonial de los involucrados, para poder determinar si en la evolución de los mismos expone alguna inconsistencia.
Hay que recordar que bajo esta línea de investigación, el 13 de marzo se firmó desde la fiscalía un pedido dirigido a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, para que se "recabe información que permita localizar e identificar activos vinculados con la maniobra investigada, con el objeto de evaluar su posible cautela".
El fiscal Taiano, que abrió esta investigación penal, consideró los hechos denunciados para iniciar una pesquisa. En los mismos se señaló que el precio inicial de esa moneda virtual se había valuado en U$S0,01, pero su cotización había experimentado una "suba exponencial luego de la publicación del primer mandatario en la red social X, circunstancia que permitió que alcanzara un valor cercano a los U$S5".
Sin embargo, a las pocas horas, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a "información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, por parte de unas pocas wallet addresses".
Con ese expediente central abierto en el fuero federal penal, se sumó otra pieza: una denuncia contra Karina Milei como quien "recaudaba coimas" para garantizar entrevistas con su hermano y presidente de la Nación. La acusación judicializada la denomina como "la valijera" del gobierno.

El fallo fue dictado en Río Gallegos tras un proceso que se extendió más de una década desde la denuncia inicial.

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