Dalila Nora cuestionó la jura de Garramuño y confía en la Corte Suprema para definir la banca

La disputa sobre la ocupación de la banca dejada vacante por el fallecimiento del diputado nacional por Tierra del Fuego, Héctor Stefani, ha escalado hasta la Corte Suprema de Justicia, generando una controversia que involucra aspectos legales, políticos e institucionales.

Ricardo Garramuño, quien ya asumió como diputado la semana pasada, se ve ahora en medio de un debate judicial, luego de que la Cámara Nacional Electoral decidiera llevar el caso ante el máximo tribunal del país. El tribunal consideró que la cuestión requiere una interpretación de normas federales, lo que motiva la intervención de la Corte Suprema. El fallo, emitido el 11 de febrero, deja abierta la discusión sobre la legitimidad de la ocupación de la banca y avivó las tensiones entre las partes involucradas.

Dalila Nora y el Movimiento de Mujeres Paritaristas de Tierra del Fuego presentaron recursos extraordinarios después de que la Cámara Nacional Electoral revocara una sentencia de primera instancia que favorecía su postulación a la banca. La decisión de elevar el caso a la Corte se fundamentó en la gravedad institucional del asunto, de acuerdo con los argumentos presentados por las recurrentes. La Cámara Nacional Electoral señaló que corresponde a la Corte Suprema decidir si este conflicto amerita una intervención a nivel institucional.

Dalila Nora expresó su malestar con el proceso y su esperanza de que la Corte Suprema resuelva a su favor. “Si logramos lo que esperamos con el recurso extraordinario, será un precedente importante. La Cámara debe recibir un llamado de atención por haber tomado juramento en medio de un litigio judicial”, comentó Nora. También criticó la decisión de la Cámara de Diputados de permitir que Garramuño jurara mientras el caso seguía en disputa. “Lo que no debió haber sucedido es que, a pesar de los intentos fallidos de que Garramuño asumiera el cargo, la semana pasada lo hicieron sin que se resolviera el conflicto judicial”, añadió.

Además, Nora cuestionó el argumento de “buena fe” esgrimido por la Cámara de Diputados al justificar la jura de Garramuño. “Un acto de buena fe habría sido respetar los plazos judiciales, que finalmente nos dieron la razón al aceptar el recurso extraordinario. Pareciera que había prisa por resolver el tema”, señaló.

El fallo de la Cámara Nacional Electoral destacó que el caso requiere la interpretación de normas federales y señaló que la decisión anterior contravino el derecho que las recurrentes alegaban tener. Sin embargo, también descartó la existencia de arbitrariedad en la decisión, argumentando que las críticas de las recurrentes eran simplemente disconformidades con el fallo, no con un apartamiento ilegal de la ley. No obstante, reconoció que la presunta gravedad institucional justifica la intervención de la Corte Suprema.

El expediente ya ha sido enviado a la Corte Suprema, que será responsable de dictar una resolución definitiva sobre el conflicto. Mientras tanto, la validez de la designación de Garramuño como diputado sigue siendo cuestionada.

El resultado de este litigio no solo determinará quién ocupará la banca de Tierra del Fuego, sino que también establecerá un precedente significativo para casos similares sobre vacantes legislativas y la interpretación de las normas federales en el ámbito electoral.