El 18 de julio de 1994 85 personas murieron y unas 300 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba junto a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina, dos años después de que otra bomba destruyera la Embajada de Israel.
País18/07/2024
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Hace 30 años, el 18 de julio de 1994, un camión cargado de explosivos se estrelló contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un centro comunitario judío en el centro de Buenos Aires, y detonó. Fue el atentado más letal de la historia del país: además de 85 muertos, más de 300 personas resultaron heridas.
El atentado se produjo en pleno gobierno del presidente Carlos Menem y con el contexto previo de otro atentado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 22 muertos. Ambos casos se produjeron con el mismo modus operandi, el coche bomba, y su objetivo fueron importantes lugares para la comunidad judía en Argentina, que es la sexta más grande del mundo.
La Asociación Mutual Israelita Argentina se encontraba organizando los preparativos para el festejo del primer centenario de su creación. Había sido fundada grupos de inmigrantes judíos y tenía por objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en el país.
El viernes 15 de julio de 1994, tres días antes de la explosión, una Traffic blanca fue estacionada en la playa de estacionamiento Jet Parking, a tres cuadras de la sede de la mutual, ubicada en Pasteur 633 e inaugurada en 1945.
A las 9:53 del lunes 18, ese vehículo, cargado con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra el edificio de la calle Pasteur.
La explosión produjo un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por 15 millones de pesos/dólares, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra.
El ataque nunca fue reivindicado ni resuelto, pero Argentina e Israel sospechan desde hace tiempo que el grupo chiita libanés Hezbollah lo llevó a cabo a petición de Irán. La investigación inicial, sin embargo, estuvo empañada por acusaciones de corrupción y el presidente Carlos Saúl Menem fue juzgado por encubrimiento en el caso, pero fue absuelto.
Aunque los sospechosos iniciales fueron los miembros de Hezbollah, durante el gobierno de Menem se intentó responsabilizar a supuestos colaboradores locales, imputando a varios policías de la provincia de Buenos Aires, que fueron absueltos y liberados durante el llamado "primer juicio" en 2004.
El juez Juan José Galeano, encargado del caso AMIA, tres fiscales y varios altos funcionarios del Gobierno de Menem fueron acusados de encubrimiento y destituidos de sus cargos.
En 2006, la Justicia pidió la extradición de ocho iraníes, entre ellos el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, el exagregado cultural de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, y el teniente general Ahmad Vahidi, quien fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmud Ahmadinejad.
En 2015, el fiscal Alberto Nisman, que acusó a la entonces presidenta Cristina Kirchner de orquestar un encubrimiento a cambio de beneficios petroleros y comerciales, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas cuando estaba a punto de presentar sus conclusiones.
Según el fiscal, Cristina Kirchner habría firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán en 2003 para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hezbollah.
A finales del año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó con cuatro cargos federales a Salman Rauf Salman, del partido-milicia chií libanés Hezbollah, por organizar el atentado.
"Hace casi tres décadas, el veterano terrorista de Hezbollah Samuel Salman El Reda ayudó a planificar y ejecutar el atroz ataque contra un centro de la comunidad judía de Buenos Aires que se saldó con la muerte de 85 personas inocentes e incontables heridos", dijo el fiscal general adjunto estadounidense, Matthew Olsen.
Salman, conocido bajo el alias de "Samuel Salman El Reda" y miembro de una rama del grupo terrorista especializada en Inteligencia -llamada Unidad 910- transmitió información vital a miembros de Hezbollah para perpetrar el ataque, tras el que siguió liderando otros operativos enfocados en el reclutamiento, entrenamiento y gestión en países como Tailandia, Panamá y Perú.
El fiscal, que estuvo encargado de la investigación durante diez años, apareció muerto en su departamento del barrio de Puerto Madero la noche del domingo 18 de enero de 2015 y el caso, caratulado como "homicidio" desde 2018, sigue sin esclarecerse.
Otra causa por encubrimiento fue abierta en 2017 contra Cristina Kirchner, por impulsar en el Congreso un acuerdo con Irán para juzgar a los iraníes en un país neutral. El acuerdo nunca se cumplió, la ex presidenta fue sobreseída en 2021 y la causa se reabrió en 2023.
La Justicia argentina ordenó en junio de 2023 el arresto a nivel internacional de cuatro ciudadanos libaneses, dos de ellos supuestamente afincados en Paraguay, por su presunta vinculación con el atentado contra la AMIA.
El 12 de abril de 2024, un tribunal argentino culpó a Hezbollah por el ataque que calificó de "crimen contra la humanidad" y calificó a Irán de "estado terrorista". Se concluyó que los ataques a la AMIA y la embajada de Israel probablemente fueron provocados por la cancelación por parte del gobierno del entonces presidente Carlos Menem de tres contratos celebrados con Irán para el suministro de equipos y tecnología nucleares.
La sentencia, a cargo de la Cámara de Casación Penal Federal II, también señaló al movimiento Hezbollah como el perpetrador, declaró a Irán como un "Estado terrorista" y calificó el atentado a la AMIA como un "crimen de lesa humanidad".
Tras ese fallo, Buenos Aires pidió a Interpol la detención del ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, a quien acusa de ser el autor intelectual del atentado. Pero la República Islámica "condenó enérgicamente la reiteración de solicitudes ilegales basadas en mentiras (...) por parte de algunos jueces argentinos sobre ciudadanos iraníes por la causa AMIA", según la cancillería iraní.
En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, declaró al Estado argentino responsable de no prevenir ni investigar adecuadamente el ataque y también lo culpó por los esfuerzos para "encubrir y obstruir la investigación", robando a las víctimas y a sus seres queridos la justicia.
En la víspera del 30 aniversario del ataque, el diario iraní Teheran Times publicó un editorial en el que advirtió al Gobierno argentino sobre eventuales represalias por el alineamiento, a su criterio, con "la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional".
El texto, titulado "Caso AMIA en vísperas de su 30 aniversario", menciona "afirmaciones infundadas" sobre la participación de Irán en los atentados: "Durante los últimos 30 años, Irán siempre ha soportado pacientemente las acusaciones y aún espera que los funcionarios políticos y judiciales de ese país actúen entendiendo su responsabilidad de descubrir la verdad y tratar de abordar las desviaciones creadas en este caso".
Sobre el final, lanzó una advertencia para el gobierno de Javier Milei: "Sin duda, Teherán no olvidará las políticas anti iraníes de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición adecuada, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán".
El atentado a la AMIA fue el segundo contra la colectividad judía argentina, la más numerosa de Latinoamérica, después del perpetrado el 17 de marzo de 1992, cuando una camioneta Ford F-100 explotó frente a las puertas de la Embajada de Israel, que entonces se ubicaba en el barrio porteño de Retiro, y como consecuencia de lo cual murieron 27 personas y más de 100 resultaron heridas. Ambos ataques permanecen impunes.
El pan dulce, uno de los productos más emblemáticos de las fiestas, registra aumentos de hasta un 170% respecto al año pasado. En algunas zonas, estiman que el precio podría llegar a los $40.000 por kilo.
La medida contó con la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Petovello. Establece un aumento que fue aceptado por UPCN mientras que fue rechazado por ATE, en medio del inicio del examen de "idoneidad" para toda la Administración Pública Nacional.
El cálculo de la movilidad a considerar es de 2,69%, según la ecuación en el gobierno.
El canciller habló de "hechos desafortunados" en la relación con el gobierno de Gabriel Boric.
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