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Una investigación reveló que más de 9 mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedían al Potenciar Trabajo, en otra muestra de las irregularidades que presentó el plan social en los últimos años.
En total, fueron contabilizadas 9.413 personas, que fueron registradas a través del informe realizado por el fiscal federal Guillermo Marijuán. En efecto, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello ya dio de baja a 4.588 de esas personas.
Por su parte, se evalúa los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
La causa, titulada como “defraudación contra la Administración Pública”, señaló que el desfalco al Estado Nacional era de $7.000 millones por mes; es decir, el equivalente a $84.000 millones en un año sin incluir los bonos y aguinaldos que recibieron los beneficiarios.
El lugar donde se reportó mayor cantidad de casos fue en la provincia de Buenos Aires con 2.243 personas que cobraban el beneficio de forma ilegal. Al distrito de Axel Kicillof le siguió Tucumán (1.135), La Rioja (1.060), Jujuy (652) y Corrientes (550).
Detrás aparecieron Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49. Estas últimas tres provincias tardaron en responder el requerimiento y fueron intimadas dos veces.
