Horror en Córdoba: encontró a su hijo de 13 años muerto en un freezer
Una mujer encontró sin vida a su hijo de 13 años, adentro de un freezer de su casa.
Ocurrió en distintas localidades de Salta. Fueron investigados por la justicia y para no ir a juicio oral hicieron acuerdos por los cuáles deben devolver el dinero, donar dos meses de sueldo y no poder presentarse a elecciones.
País 27/09/2021 19640 NoticiasEl hombre que hacía fila notó algo que le llamó la atención. En la misma cola que hacía para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) había un concejal de Campo Quijano, una localidad de Salta ubicada a 36 kilómetros de la capital de la provincia. Ocurrió el año pasado, a pocos meses de que el gobierno nacional había lanzado la asistencia para las personas más vulnerables afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus. Al funcionario no le correspondía el IFE. La información fue tomada por medios locales y el fiscal Ricardo Toranzos inició una investigación de oficio.
Con el entrecruzamiento de datos de los inscriptos en el IFE y los funcionarios públicos se supo que el caso del concejal no era aislado: 52 legisladores de más de 20 localidades y de todos los partidos políticos, 10 funcionarios de municipios y tres gerentes del PAMI se habían inscripto para cobrar el IFE cuando no les correspondía.
Muchos de ellos llegaron a cobrar hasta dos cuotas del ingreso, mientras que otros no lo hicieron. Las causas penales avanzaron y 24 de ellos acordaron reparar el daño: entre todos deberán devolver cerca de 1.400.000 pesos, hacer tareas comunitarias y no podrán presentarse a dos próximas elecciones. Otros irán a juicio oral y dos gerentes del PAMI fueron condenados a penas de tres años de prisión.
La investigación del fiscal Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, detectó tres situaciones distintas entre los funcionarios. Una de ellas fue de quienes se inscribieron para cobrar el IFE pero el sistema los rechazó. Un segundo de los que la ANSES los validó pero no completaron el trámite sobre cómo cobrarlo, ya sea en el correo o en una cuenta bancaria. Y el tercer grupo de los que cumplieron todo el proceso y cobraron entre una y dos cuotas del ingreso. Esos fueron 24 concejales.
De todos los imputados, 24 de ellos optaron por no seguir con una causa penal y ofrecieron probations y conciliaciones, dos figuras previstas en la ley para casos de baja escala penal. El objetivo es que el acusado reparte del daño. Y así acordaron con el fiscal. Lo que se estableció es que de esos 24 concejales a 14 se les fijó que devuelvan la plata que cobraron de IFE, que donen dos meses de su suelto a hospitales, merenderos y geriátricos de la provincia, que hagan 100 horas de tareas comunitarios en instituciones de interés públicos y que no puedan presentarse a elecciones en los próximos dos procesos electorales. A otros 14 -que no llegaron a cobrar el IFE- se les estableció que donen dos meses de su sueldo y que hagan 100 horas de trabajo comunitario. Acuerdos similares se hicieron con cinco funcionarios de municipios.
Los directores del PAMI condenados
Una derivación del caso fue que entre los funcionarios que cobraron el IFE estaban los directores del PAMI Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta que se desempeñaban en distintas localidades. Llegaron a juicio oral y Fernández y Navarreta fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ser empleados públicos. Juárez fue absuelta.
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