Familiares y amigos realizaron una marcha de silencio en la Ciudad de San Luis; la niña permanece desaparecida desde el 14 de junio pasado.
País24/09/2021
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La niña de 5 años que fue vista por última vez el pasado 14 de junio en la puerta de la casa de sus primos, en el barrio 544 viviendas de San Luis, sus familiares y amigos realizaron ayer una marcha de silencio por las calles de la ciudad de la capital puntana.
"100 días han pasado de esta pesadilla de la cual desearía despertar y encontrarte al lado mío, y que todo haya sido un mal recuerdo, pero no, acá los días siguen pasando, el silencio solo provoca dolor, desesperación, angustia, tristezas que nunca se acaban, miles de preguntas sin respuesta", escribió en redes sociales Yamila Cialone, madre de la menor.
Tanto ella como el padre de la niña pidieron a las autoridades y a la Justicia que no dejen de buscarla. "¿Dónde está Guadalupe?", se podía leer en varios de los carteles que portaban quienes marcharon por las calles de San Luis. Se mezclaban con otros que reclamaban: "Viva la queremos".
A lo largo de estos 100 días, se realizaron 419 allanamientos en la ciudad de San Luis. Los procedimientos llegaron incluso a otros distritos. Y se rastrillaron 1.221 sectores, entre baldíos y diferentes diques de la provincia.
También se secuestraron celulares y computadoras que fueron peritadas. Sin embargo, no se logró hallar ninguna pista concreta que ayudara a dar con el paradero de la pequeña.
La causa es tramitada por el Juzgado Penal 2, a cargo de Ariel Parrillis, y si bien no existe una pista certera, la familia, con el apoyo de Susana Trimarco y su equipo de abogados, barajan la hipótesis que se trataría un caso de trata de personas.
La semana pasada, después de una reunión entre Susana Trimarco, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, resolvió designar a tres fiscales federales que intervendrán en la investigación por la desaparición de Guadalupe, aunque el juez Parrillis aún no brindó detalles sobre esta hipótesis.
Actualmente, se encuentra vigente una recompensa de $5 millones impuesta por el Gobierno nacional para quienes puedan aportar datos que ayuden a dar con ella.
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