Ley de Compre Argentino: Los principales puntos de la norma

El objetivo de la medida es promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar puestos de trabajo y estimular el desarrollo de inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades productivas.

El acto es en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada y participa también el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Según el Gobierno, la Ley actual -la 27.437 sancionada en 2018- tiene grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo.

Actualmente, el 65 por ciento de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y el 97 por ciento de ese total son pymes. Estas compras, además, representan el 13 por ciento del PBI. “Esto refleja la importancia del impulso de las compras públicas nacionales como herramienta estratégica para el desarrollo local”, anunciaron.

Los beneficios de la nueva normativa

• Aumentar la producción nacional.
• Generar mayor empleo en las empresas proveedoras del Estado.
• Aumento de la inversión en Desarrollo e Innovación (I+D+i de empresas alcanzadas por las compras para la innovación).
• Impacto federal positivo en empresas proveedoras de todo el país.
• Desarrollo de proveedores en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería
• Crecimiento de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado.

Impacto económico de la ley

• 30.000 nuevos empleos privados.
• $40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año.
• US$ 300 millones de ahorro de divisas anuales.

Principales modificaciones de la actual ley

• Ampliar el alcance de la ley a nuevos sujetos.
• Crear la herramienta de comprás públicas para la innovación.
• Establecer herramientas de alto impacto que estimulen el desarrollo de la industria nacional.
• Promover el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos.
• Ampliar el alcance de los Acuerdos de Cooperación Productiva (ACP) y mejora del funcionamiento de la herramienta.
• Garantizar el acceso a información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local.
• Mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas.
• Promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes.
• Fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales.
• Unificar el valor de módulo que se aplica en la Ley con el de ONC.