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Las transferencias de recursos de Nación a Tierra del Fuego cayeron un 17% en términos reales entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC.
El relevamiento contempla tanto las transferencias automáticas como las discrecionales enviadas por el Gobierno nacional a las jurisdicciones y realiza la comparación descontando el efecto de la inflación.
En el caso de Tierra del Fuego, la reducción real alcanzó el 17%, ubicándose apenas por debajo de la caída promedio registrada entre las provincias, que fue del 18% durante el período analizado.
La provincia fueguina comparte una disminución del 17% con San Juan, San Luis, Santa Fe y Catamarca.
El informe muestra que la reducción de los recursos nacionales alcanzó a prácticamente todas las jurisdicciones del país. La única excepción fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que registró un crecimiento real del 3% en las transferencias recibidas entre ambos períodos.
En el extremo contrario aparece Mendoza, que sufrió la mayor reducción, con una caída del 30%. Le siguieron La Rioja, con un 26%; Buenos Aires, con un 23%; Tucumán y Chaco, ambas con un 21%; y Formosa, con un retroceso del 19%.
Por encima de Tierra del Fuego también se ubicaron Santiago del Estero y Santa Cruz, con caídas del 18%.
Entre las jurisdicciones con menores retrocesos aparecen Córdoba, con una disminución del 11%; Chubut, Neuquén, Salta y Misiones, con 13%; Jujuy, con 14%; Corrientes y Río Negro, con 15%; y Entre Ríos, con 16%.
De esta manera, los datos reflejan que Tierra del Fuego recibió en términos reales menos recursos provenientes de Nación que tres años atrás, en un escenario generalizado de reducción de las transferencias hacia las provincias.
La comparación adquiere especial relevancia para las administraciones provinciales debido al peso que tienen los recursos nacionales sobre sus cuentas y el financiamiento de políticas y servicios públicos.
