AMET presentó un proyecto alternativo de financiamiento educativo sin crear nuevos impuestos

El secretario general de AMET, Juan Carrizo, explicó en diálogo con FM del Pueblo los principales lineamientos del proyecto de financiamiento educativo presentado por el gremio. A diferencia de otras propuestas, esta iniciativa no plantea la creación de nuevos impuestos, sino el redireccionamiento de recursos ya existentes.

“Hemos observado lo que se trabajaba en la Legislatura respecto a otros proyectos y vimos que se proponían nuevos impuestos. Entonces pensamos: ¿cómo hacer algo similar o mejor, sin recurrir a la creación de más impuestos?”, expresó Carrizo. En ese sentido, planteó que existen organismos provinciales que generan ingresos superavitarios, como el puerto o las regalías petroleras, que podrían ser utilizados “en este caso de emergencia para complementar lo presupuestado en educación”.

El dirigente también hizo foco en el fuerte retraso salarial que afecta al sector. “De 2023 a la fecha estamos con un retraso de casi el 150% si tenemos en cuenta solo la inflación”, señaló. Según explicó, el cargo testigo ronda actualmente los $950.000, pero “debería estar en $2.400.000 si solo se hubiera compensado la inflación”.

Carrizo vinculó esta pérdida salarial con el funcionamiento de la OSEF. “La obra social necesita $220.000 millones al año para no tener déficit. Si hubiéramos tenido una recomposición salarial acorde, hoy podríamos estar hablando de ingresos por $300.000 millones. Con eso, el problema de la OSEF se habría solucionado solo con la cuestión salarial”, sostuvo.

El proyecto de AMET propone la creación de dos fondos específicos: uno destinado a infraestructura, funcionamiento institucional y complemento salarial docente; y otro, orientado a los estudiantes, con subsidios para la compra de materiales escolares en comercios locales, promoviendo además la circulación de recursos en la provincia.

Además, Carrizo destacó que se deben revisar las estructuras del Estado. “El Ministerio de Educación incrementó su planta política más del 100% desde que comenzó esta gestión. Eso implica salarios y una gran desproporción con lo que realmente se necesita en las escuelas”, dijo. Agregó que “tenemos docentes sin cobrar desde marzo, escuelas cerradas por problemas edilicios, y no ha habido mejoras en la gestión. Eso demuestra que administrativamente no ha mejorado en nada”.

Consultado sobre el vínculo con el Ministerio, indicó: “Desde el inicio de la gestión no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Mantenemos el diálogo con funcionarios de tercera o cuarta línea, pero el Ministerio ha cortado toda comunicación con nosotros y con otros sindicatos, salvo con el mayoritario que participa en paritarias”.

Por otro lado, el dirigente mencionó la Ley 907, vigente desde 2012, que crea un fondo para salud y educación con aportes de actividades comerciales. “Sería importante auditar cuánto se ha recaudado, qué fue a salud y qué fue a educación. Es un impuesto que ya existe, pero nunca se relevó cómo se distribuye realmente”, advirtió.

El proyecto ya fue entregado a los legisladores para su análisis. “La idea no es que salga tal como está, sino que se complemente con otros proyectos y se saque lo mejor de cada uno. Queremos una ley que garantice que las escuelas funcionen, que los chicos tengan lo que necesitan y que los docentes puedan cubrir sus necesidades básicas”, sostuvo.

Finalmente, Carrizo remarcó: “Estamos abiertos a propuestas alternativas. Lo importante es llegar al día en que la educación deje de ser una preocupación porque el salario esté garantizado y las escuelas funcionen. En el proyecto se fija un salario mínimo docente por ley, de manera que la paritaria discuta mejoras reales al sistema y no solo el sueldo”.