País Por: 19640 Noticias06/05/2025

Qué marcas argentinas son más baratas en Chile

El valor productos argentinos es menor en Chile. Qué pasa con las marcas y el costo en nuestro país.

Cada vez más mendocinos cruzan a Chile en busca de mejores precios en ropa, calzado y tecnología, pero lo que sorprende es que también encuentran marcas argentinas más baratas que en Argentina. El fenómeno expone el peso del “costo argentino”, entendido como impuestos, inflación, logística deficiente y falta de crédito, entre otros.

A esto se suma que, en el caso de Chile, la carga tributaria y los costos de nacionalización son más bajos, además de la probable estrategia comercial de las tiendas por departamento, que muchas veces optan por márgenes de ganancia reducidos a cambio de una alta rotación de productos.
Los precios de las marcas argentinas
Prüne es el principal exportador de marroquinería de Argentina, emplea a unas 1.000 personas y es una de las marcas que resulta más económica en Chile que en Argentina. Un ejemplo concreto: la bandolera New Penny —uno de los modelos virales de la firma— cuesta $79.900 en el mercado local (precio sin impuestos: $66.033). En cambio, el mismo producto, de la misma empresa, se consigue en Chile en Tiendas Paris por $ 49.448, al cambio actual, es decir, $39.900 pesos chilenos.

La Martina, la marca del polo argentino, también se puede conseguir más barata en Chile que en el propio país de origen. Así para tomar de ejemplo, un sweater mid zipper en Argentina tiene un valor de $ 155.400 ( $ 128.449 sin impuestos) mientras que en Falabella Chile se puede conseguir por $ 86.740, es decir, unos $ 69.900 pesos chilenos.

En tanto, también los supermercados se puede encontrar marcas de alimentos argentinos, en la sección de importados, más baratos que en Argentina. Uno de ellos es el caso del jugo Pura Frutta, que en Argentina se comercializa a $ 4.700 y en Chile a $ 3.705, es decir, unos 2.990 pesos chilenos.

Es el costo argentino
Se puede ensayar una respuesta a porqué las marcas argentinas son más baratas en Chile que en Argentina y muy probablemente está asociado al hecho de que el "costo argentino" actua como un salvavida de plomo para los productos locales.

Un importador en Chile solo necesita pagar el IVA y los gastos asociados al flete y seguro para lograr ingresar mercadería importada (por ejemplo de Argentina) a su país. En cambio, si bien la industria argentina tiene una productividad superior a la media de América Latina, incluso por encima de las potencias regionales como Brasil y México, ese rendimiento “puertas adentro” se diluye al momento de competir en el mercado local e internacional. Así lo revela un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), "Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad", donde se advierte que los obstáculos fuera de las fábricas socavan el potencial del entramado productivo nacional.

“La productividad y los avances en innovación están siendo afectados por el costo argentino”, señala el estudio, en referencia a los factores externos que condicionan a las empresas: desde la presión tributaria y la falta de financiamiento, hasta los problemas de infraestructura, energía, conectividad y logística. Todos estos elementos componen lo que la UIA define como los “pasivos de la competitividad”, una larga agenda pendiente que Argentina arrastra desde hace años.

Uno de los diagnósticos más duros del informe es la posición de Argentina en el ranking de competitividad del IMD (International Institute for Management Development): el país ocupa el puesto 66 de un total de 67 economías evaluadas. Esta ubicación, que además viene deteriorándose, contrasta con uno de los objetivos estratégicos más repetidos por distintos gobiernos: aumentar las exportaciones.

“El escenario anti-exportador es producto de la inestabilidad y la volatilidad macroeconómica, sumadas al cambio permanente en los precios relativos”, señala el documento. Como consecuencia, las ventas al exterior de productos diferenciados son bajas y el perfil exportador sigue siendo primarizado.

Entre los principales factores que alimentan este círculo vicioso, la UIA enumera la inestabilidad macroeconómica, la presión tributaria y la falta de crédito. Entre 2010 y 2023, Argentina tuvo una inflación promedio del 51% anual —más de diez veces por encima del promedio regional sin contar a Argentina— y estuvo en recesión la mitad de los años. “Esto dificulta la planificación a largo plazo y desincentiva la inversión”, advierte el informe.

El crédito, por su parte, es prácticamente inexistente. El financiamiento bancario representa apenas el 6% del PBI, muy por debajo del promedio regional (60%) y lejísimos de los países desarrollados (más del 80%). Según el informe, el riesgo país argentino promedió los 1.150 puntos básicos entre 2010 y 2024, lo que coloca a la deuda argentina entre las más riesgosas del mundo.

Argentina líder del ranking de presión tributaria
En términos fiscales, la Argentina lidera el ranking de presión tributaria junto con Brasil. Si se ajusta por informalidad, la carga que soporta el sector formal llega al 52%. “Las empresas enfrentan una pesada carga impositiva en Ganancias, Patrimonio y Sellos, a lo que se suman los costos financieros por la no devolución de saldos a favor”, destaca la UIA.

Tampoco los costos logísticos acompañan. Transportar mercadería en el país es un 43% más caro que en el promedio de América Latina. A pesar de ser el octavo país más extenso del mundo, el 91% de la carga se transporta por camión y la red ferroviaria está lejos de estándares internacionales. Operar un contenedor de 40 pies puede costar hasta tres veces más que en otros puertos de la región para exportaciones, y hasta 13 veces más para importaciones.

Los costos energéticos también pesan: la tarifa eléctrica industrial supera en más del doble a la de Estados Unidos, y el precio del diésel está por encima de la mayoría de los países de la región.

Además, la UIA pone el foco en otros factores que complican aún más el panorama: el impuesto a los Ingresos Brutos provinciales, el aumento de tasas municipales sin contraprestación de servicios, la creciente litigiosidad laboral, la acumulación de saldos tributarios a favor, los seguros de caución ambiental costosos para las PyMEs, y la excesiva burocracia para operar.

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