La informalidad laboral alcanzó un récord: ya hay más de 8 millones de trabajadores “en negro”

 La última Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH), correspondiente al último trimestre de 2024, detectó cambios significativos en los indicadores socioeconómicos en el primer año completo de presidencia de Javier Milei, entre ellos sobresalió el aumento de la informalidad laboral a 8 millones de personas, como motor del crecimiento del empleo total a 21,2 millones de trabajadores. En ambos casos alcanzaron niveles récord en la serie que se inicia en el primer semestre de 1991.

Como informó Infobae una semana atrás, “el desagregado del empleo que surge de cotejar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec -proyectado al total país- con el relevamiento de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, basado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), muestra que mientras el empleo total registrado disminuyó en 2024 en 234.100 personas en el segmento informal (sin descuento jubilatorio) aumentó en 387.300”, arrojando un resultado neto expansivo en 153.200 puestos.

Ese movimiento, a su vez, se manifestó en reducción en casi 178.000 en el tramo de los trabajadores asalariados (161.000 en los formalizados y 17.000 en los que no aportan al sistema jubilatorio) y crecimiento de 331.000 en los independientes -autónomos y monotributistas, principalmente), con baja de 73.400 entre los registrados y aumento en más de 404.000 entre los informales.

Semejante desempeño tuvo lugar pese a que el Gobierno le asignó al capítulo laboral un apartado especial, porque considera que es a partir del crecimiento de la nómina de personal asalariado impulsado por inversiones, tanto de empresas radicadas en el país, como también provenientes del resto del mundo y el incentivo al desarrollo del emprendedurismo basado en el conocimiento e iniciativa privada, sin más incentivo que la garantía de libertad sin tutela de un Estado que ha mostrado ser altamente ineficiente, la economía podrá retomar el sendero de la expansión sostenida y clara mejora de la generación y distribución del ingreso.

Con ese objetivo, entre las medidas tomadas desde el 11 de diciembre de 2023 se destacan:

El 20 de diciembre de 2023, emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, conocido como “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, el cual introdujo cambios significativos en la legislación laboral, entre ellos:

Extensión del período de prueba: Se amplió de tres a ocho meses, permitiendo a las empresas evaluar a los empleados durante más tiempo antes de ofrecer contratos permanentes.

Modificación de indemnizaciones por despido: Se sustituyó la indemnización por antigüedad por un “sistema de cese laboral” alternativo, establecido en las convenciones colectivas de trabajo.

Limitaciones al derecho de huelga: Se consideraron “servicios esenciales” o de “importancia trascendental” a sectores como salud, educación y transporte, restringiendo el derecho al paro de actividades.

Regularización del empleo no registrado: Se estableció un programa de “blanqueo laboral” que permite a las empresas formalizar a sus empleados no registrados con perdón parcial de deudas, dependiendo del tamaño del empleador. Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la normativa eliminó la presunción de relación de dependencia en la contratación de servicios.

Flexibilización de licencias: Se han simplificado los casos por maternidad (hasta 10 días anteriores al parto y luego el resto de los 90 días) y otros permisos laborales.

Según los últimos datos de la EPH en 31 grandes aglomerados urbanos del país, menos de dos tercios de los trabajadores estaban registrados (62,1%) y 37,9% se desempeñaba sin descuentos ni aportes para el sistema jubilatorio.

Los ocupados en relación de dependencia representaban 72,2% del total -cayó 1,5 puntos porcentuales en 2024- y los independientes el 27,8% restante.

Entre los asalariados 63,9% lo hace en la formalidad y 36,1% en la ilegalidad.

La proporción de informalidad laboral asalariada se eleva a 90% (9 de cada 10 trabajadores) en la franja del 10% del total de trabajadores con menores ingresos; 78% en el decil siguiente; 56% en el tercero y 42% en el cuarto -todos muy por arriba del promedio general-. Desciende a 32% del total en quinto decil y 19% en el sexto, mientras que en las escalas siguiente con mayor remuneración se ubica entre 11% 7 por ciento.

Semejante brecha entre las franjas de la informalidad laboral explica que en términos del ingreso total generado por el conjunto de los trabajadores en relación de dependencia la parte correspondiente al obtenido en la informalidad, esto es sin descuento jubilatorio que es el parámetro que toma el organismo oficial de estadística, se limite a poco menos de 19 por ciento.

Esas proporciones no han variado significativamente desde el inicio de la corta serie del Indec con esa apertura de ingresos, menos de siete años. Mientras que entre los independientes esas brechas se reducen notablemente: 57,3% están anotados en el SIPA y 42,7% no lo están.

Junto a esa mochila que carga la economía argentina, porque en general se trata de puestos extremadamente precarizados, y por tanto de muy baja productividad que impide acceder a mejores ingresos, se agregan dos fenómenos que se han convertido en restricciones estructurales para salir de la pobreza: la alta densidad demográfica de esos hogares y el muy bajo nivel educativo de sus integrantes.

Ese cuadro ha llevado a que frente a un promedio general al cierre del tercer trimestre de 2024 de 100 asalariados ocupados en los hogares se detectó un promedio de 122 no ocupados, en el extremo del 10% con menor ingreso esa relación sube a 198, y a 187 en la siguiente, y explica el núcleo duro de población indigente de 10% de la población que no cuenta con los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación.

De ahí que los desafíos en el frente laboral no sólo se limitan a la generación de empleos y reducir la informalidad, sino también a mejorar las condiciones de vida impostergables para más de un tercio de los habitantes.