El documento, según informó Télam, señala que “la JST recibió de manera digitalizada y encriptada la información contenida en el CVR (comúnmente denominada caja negra) de la aeronave LV-BPA. La lectura y análisis del CVR estuvo a cargo de la National Transportation Safety Board (NTSB), de los Estados Unidos, que, en su laboratorio, realizó la apertura del dispositivo, procedió al desmonte del registro y la bajada del audio en cuatro canales”.

También informa el documento que “ahora, el laboratorio de la JST y la Dirección Nacional de Investigación en Sucesos Aeronáuticos (Dnisae) realizarán la transcripción de la grabación, pruebas y análisis de filtrado de los audios, este contenido será analizado por los técnicos con el fin de formar parte de la investigación y será utilizado en la confección del Informe Final del suceso. También, se coordinará con el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, para que acceda a la información para la causa que está llevando adelante”.

La JST destaca que el equipo CVR “recibió gran cantidad de daño por fuego, sumado a que se trata de un registrador antiguo. Por lo que, luego de un primer análisis y ante la imposibilidad de los proveedores locales de intervenir un equipo con este nivel de daño, la JST decidió enviar el equipo a la NTSB”, a los Estados Unidos.

Además, añade que, por otra parte, se cumplieron con todos los pasos administrativos propios de este tipo de procedimiento y que “todo se realizó dentro de los tiempos establecidos”, y que incluso “se logró contar con el resultado antes de lo previsto”.

Respecto a algunas críticas realizadas sobre las presuntas demoras en la investigación se debían a la responsabilidad de la JST en este trámite, aclararon desde ese organismo que su misión “es contribuir a la seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes y la emisión de recomendaciones” y que “los informes finales de la JST no tienen como objetivo la determinación de la culpa o dolo a nivel penal ni la responsabilidad civil del accidente o incidente”.

Por otro lado, aclararon en el comunicado que “el Área de Información a Víctimas de Accidentes y sus Familiares (IVAF) de la JST cuyo objetivo principal es establecer un canal de comunicación entre la JST y las víctimas de accidentes y sus familiares, se encuentra en contacto con los familiares de las cuatro víctimas del suceso desde el día posterior al mismo”.

“Desde la JST, lamentamos y nos solidarizamos, una vez más, con los familiares de las víctimas, a quienes seguiremos acompañando a lo largo de todo el proceso conforme a la ley. La JST seguirá informándoles acerca del avance de la investigación, las conclusiones finales y las recomendaciones emitidas”, concluyó el documento.

El avión, un Lear 35A, cayó a tierra a poco de despegar desde el aeropuerto de Río Grande, el 1 de julio de 2022. El impacto derivó en una gran explosión que pudo ser oída en distintos sectores de la ciudad y sus cuatro ocupantes fallecieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Claudio Canelo (comandante), Héctor Vittore (copiloto), Diego Ciolfi (médico) y Denis Torres García (enfermera).