En el marco de la presentación del proyecto OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) desde la comunidad Indígena Rafaela Ishton realizaron un comunicado en el cual expresan que desde la legislatura y el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia volvieron a dejarlos por fuera de su derecho a ser escuchados y decidir sobre el uso que se les dará a los bosques. 

Entendiendo que alrededor de 36 mil hectáreas de los bosques de la provincia pertenecen a la comunidad indígena, miembros de la comunidad Rafaela Ishton exigen plena participación en el proyecto de OTBN “queremos que nos escuchen, que nos convoquen, que atiendan nuestras demandas y preocupaciones y que no nos discriminen dándonos la oportunidad de defender nuestros derechos en la mesa donde se discuten estos temas” señalan en el comunicado.

Con respecto a las respuestas que obtuvieron desde la legislatura en torno a este proyecto, señalaron que “estamos representados por la ONG llamada Maneken’k, a quienes nosotros ni conocemos y que tampoco nos han convocado nunca para explicarnos por qué toman decisiones por nosotros”.

“Los que participan del Consejo Consultivo de Bosques son cómplices de la ministra Castiglione y de la secretaria de Ambiente Eugenia Álvarez, que adrede, quieren mantenernos lejos de las decisiones para quedarse con nuestros recursos” aseveraron en el descargo publicado. 

Cabe señalar que La Comunidad Indígena Rafaela Ishton del pueblo selk’nam, no es una Organización No Gubernamental, sino una comunidad indígena la cual posee personería jurídica y son propietarios registrales (con escrituras públicas) de un territorio comunitario indígena de 36 mil hectáreas, que no son tierras fiscales ni tierras privadas y en relación a ello, alegaron que “tenemos el mismo derecho que los estancieros a participar del Consejo Consultivo de Bosques, creado por Ley provincial 869, cuya letra pedimos a los Legisladores modificar urgentemente para que se nos incluya”.

Para finalizar, la comunidad recuerda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual obligan al Estado a consultar a las comunidades indígenas antes de formular o aplicar un programa o proyecto de desarrollo, de autorizar la explotación de recursos naturales en sus territorios, o de implementar una política pública susceptible de afectarles directamente “el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que se pretende aprobar en la Legislatura, tiene que contar con nuestro conocimiento y aprobación, garantizando nuestro derecho a decidir sobre los bosques de nuestro territorio comunitario” concluye el comunicado.